../... 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 13.1. EL ENTORNO ECONÓMICO. La economía internacional siguió mostrando claros signos de expansión durante 1997, si bien no parece que el crecimiento se haya traducido en una reducción sustancial de los niveles de desempleo, especialmente entre los países de la UE. La escasa creación de empleo que evidencian la mayor parte de los países de la UE ha dado lugar a que en el Consejo Europeo de Amsterdam (junio de 1997) y, especialmente, en el de Luxemburgo (diciembre de 1997), los jefes de estado y de gobierno de lo quince hayan acordado poner en marcha acciones orientadas a la atenuación del desempleo. Las perspectivas económicas para 1998 no son excesivamente favorables debido a que todavía no se ha podido valorar, al menos de un modo preciso, la magnitud del "efecto contagio" derivado de la caída de los mercados financieros del sudeste asiático, ocurrida a finales del pasado ejercicio. Existe consenso en que la inestabilidad financiera sufrida a finales de año tendrá repercusiones importantes sobre la economía japonesa, cuyas previsiones de crecimiento han sido inmediatamente revisadas a la baja, aunque el efecto sobre las economías de EEUU y de la UE se espera que sean mucho menores. En el ámbito de la UE durante 1997 se ha consolidado el proceso de avance hacia la tercera fase de la Unión Económica Monetaria, que supondrá la entrada en funcionamiento de la moneda única, en la medida en que a finales del año todos los estados miembros de la Unión, a excepción de Grecia, cumplían los requisitos oficiales para participar en la mencionada fase a partir del 1 de enero de 1999. No obstante, el criterio de Deuda Pública continúa sin ser alcanzado por la mayoría de países. En este sentido, los estados miembros deben canalizar sus esfuerzos a los objetivos y compromisos adquiridos en el Pacto de Estabilidad, a través de la consolidación presupuestaria en niveles reducidos de gasto público, mediante un férreo control del Déficit y la disminución del peso de la Deuda. Pero, a pesar de que la Deuda Pública sobrepase en la mayoría de los países el 60% del PIB, se tiene en cuenta la tendencia a aproximarse a los valores de referencia. A pesar de ello, tan sólo once participarán en esta primera etapa, quedando cuatro países fuera por diversos motivos. En el caso de Grecia, por incumplir los criterios de convergencia; en los casos del Reino Unido, Dinamarca por deseo expreso de los mismos; y en el caso de Suecia, la Comisión ha preferido declararla país no cumplidor al no haber empezado a preparar la independencia de su banco central y por no formar parte del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo. En el plano de la economía española, el año de 1997 ha significado un notable avance en materia de corrección de determinados desequilibrios macroeconómicos, lo cual ha permitido que España cumpla con holgura, aunque también con cierta sorpresa, todos los criterios de convergencia, con la salvedad del criterio de Deuda Pública, requiriéndose, tal y como recogen las directrices del Pacto de Estabilidad, una reducción de la Deuda Pública y un control del Déficit Público que debe ir orientado por una mejor gestión del gasto público, evitándose incrementos en la presión fiscal. Este cumplimiento hará posible que España pueda formar parte del grupo de países que accedan a la tercera fase de la UME, a partir del próximo 1 de enero de 1999. Uno de los desequilibrios económicos en los que el avance registrado durante 1997 debe ser matizado es el del desempleo. Sin duda alguna, la economía española está creando un importante número de empleos netos anuales. Ahora bien, esta creación neta de empleo resulta insuficiente, por lo que algunos analistas y, fundamentalmente, las organizaciones empresariales han solicitado que se siga profundizando en la reforma y liberalización del mercado de trabajo; propuesta que no es compartida por los agentes sociales implicados. 13.2. LA ECONOMÍA CANARIA. La economía canaria creció a lo largo del año 1997 a una tasa próxima al 4%, tasa que sitúa a Canarias dentro del grupo de Comunidades Autónomas con mayor crecimiento. Este importante crecimiento fue impulsado, una vez más, por el importante avance registrado en la construcción y los servicios, fundamentalmente el turismo. La coyuntura expansiva de nuestra economía es corroborada por indicadores como el aumento en la matriculación de vehículos, en la energía disponible, en los créditos y depósitos en las entidades bancarias y en la construcción de viviendas; esta situación ha contribuido también a la reducción de las tasas de desempleo de manera significativa. No obstante, la economía canaria se enfrenta también a diversos problemas no resueltos. El excesivo protagonismo del binomio turismo-construcción en la explicación del crecimiento pone de manifiesto la tradicional debilidad de otras actividades, especialmente las industriales, y la excesiva dependencia del crecimiento con respecto a una continua ampliación de la oferta y la demanda turística. La insuficiente coordinación y planificación de este crecimiento ha producido en la historia reciente del archipiélago desajustes importantes y mermas en el nivel de vida de algunos sectores de la población. Por su parte, la evolución al alza de la tasa de inflación a lo largo del año 1997 confirma la gran inestabilidad de esta variable a lo largo de los últimos años y sitúa el crecimiento de precios en Canarias 0,5 puntos porcentuales por encima de la media española. Este rebrote inflacionista resulta especialmente paradójico en un año en el que la tasa de inflación española disminuyó en 1,2 puntos. El año 1997 puede calificarse como muy denso en cuanto a negociaciones y resultados en la concreción del marco institucional en el que se desenvuelve la economía canaria. Así, ha habido acontecimientos destacados en relación al REF, la ZEC, la OCM del plátano, el REA, el Estatuto Permanente, los Fondos Estructurales, etc. Si bien parecía que la incorporación plena a la Unión Europea, en el año 1991, junto con la entrada en funcionamiento del la OCM del plátano, en el año 1993, la aprobación de las dos leyes de reforma del Régimen Económico y Fiscal, en los años 1991 y 1994, y el decreto-ley que reforma a esta última, en 1996, o la aprobación del Estatuto Permanente, en 1997, iban a propiciar un marco más estable para los agentes económicos, la realidad del año 1997 y las tendencias que se han venido apuntando durante 1998 aportan nuevas incertidumbres. Muy recientemente, la Unión Europea cerró la reforma de la OCM del plátano con un incremento de las ayudas compensatorias por pérdidas de renta en 3.300 millones de pesetas, lo que representa un incremento de un 8% para el año 1998. Siempre que Canarias no supere las 420.000 toneladas de plátanos vendidos, el denominado ingreso global de referencia se incrementaría hasta un 19%. En opinión del CES, el acuerdo de modificación de la OCM del plátano abre un horizonte de relativa estabilidad para este subsector. Incertidumbres se proyectan también en torno a la continuidad de las ayudas de estado, la entrada en funcionamiento de la ZEC, el mantenimiento de las ayudas del REA, la continuidad de la iniciativa REGIS, etc. La aprobación del Estatuto Permanente debe significar un apoyo a las posiciones canarias en las negociaciones con la Unión Europea en cuanto a la introducción o el mantenimiento de situaciones excepcionales, aunque parece previsible que a lo largo de los próximos años se mantendrá un importante grado de incertidumbre en la definición del marco institucional económico-social Canario. Esta falta de estabilidad, que ya ha caracterizado a la economía canaria a lo largo de las últimas décadas, tiene efectos negativos sobre la puesta en práctica de decisiones empresariales y de planificación pública a largo plazo, tan necesarias para dotar de una mayor solidez a la economía del archipiélago. 13.3. EL SECTOR PÚBLICO. La recaudación total de tributos en Canarias (impuestos, tasas y otros ingresos) entre los meses de enero y noviembre de 1997 ascendió a 354.038 millones de pesetas, lo que supone un incremento espectacular respecto al mismo periodo del año anterior (crecimiento del 12,1% en 1997 frente al 5,1% entre enero y noviembre 1996). La comparación de estos datos con los correspondientes al crecimiento de los precios en Canarias durante 1997 (2,3%) y al crecimiento estimado del producto regional en términos reales (4,12%) permiten afirmar que durante el pasado ejercicio de 1997 se han incrementado sustancialmente los niveles de la presión fiscal en las islas. Para el período enero-diciembre de 1997, los datos recientemente conocidos elevan a 374.584 millones de pesetas la recaudación total de tributos en Canarias. Lo que representa, al final, un crecimiento del 10,9% en 1997 frente al 6,6% de 1996. La estructura del estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997 presenta una importante novedad respecto de los presupuestos de ejercicios anteriores, pues recoge el nuevo Modelo de Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas españolas para el quinquenio 1997-2001. El cambio más importante que introduce el nuevo sistema de financiación consiste en la introducción del principio de corresponsabilidad fiscal, mediante la atribución a las Comunidades Autónomas de la facultad de establecer en su respectivo territorio una tarifa propia y deducciones en el IRPF. Este tributo tendrá, a partir de ahora, la consideración de parcialmente cedido y las Comunidades Autónomas dispondrán de una participación en su recaudación territorial. Habrá que evaluar y comparar los resultados que este nuevo modelo de financiación suponen para Canarias respecto del modelo anterior. Los ingresos de la Comunidad Autónoma durante 1997 se concretaron en la cifra de 493.425 millones de pesetas, con un crecimiento que supera en 3,7 puntos porcentuales a los que se habían previsto en los Presupuestos Generales para ese año. Por otra parte, los gastos totales (491.565 millones) han reflejado un incremento del 4,5%, inferior al previsto en los presupuestos, que era de un 5,2%. El resultado global de todo lo anteriormente señalado para el ejercicio de 1997, según los datos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, es el siguiente: en términos de Caja, la Comunidad Autónoma presenta al final del ejercicio una capacidad de endeudamiento por importe de 1.630 millones de pesetas, frente a unas necesidades de 26.981 millones en diciembre de 1996; en términos de Contabilidad Nacional, la Comunidad Autónoma refleja una necesidad de financiación por importe de 1.959 millones, que suponen una importante disminución respecto de la correspondiente a 1996, que se concretó en 27.115 millones de pesetas, y que resultó ser sensiblemente inferior a la inicialmente prevista. Al margen de las modificaciones presupuestarias que puedan realizarse, no parece existir excesivo control sobre el diseño y elaboración de los presupuestos que se presentan, especialmente en lo que se refiere al apartado de los ingresos y a los distintos capítulos que lo integran, hecho que queda materializado en las importantes desviaciones observadas entre las previsiones que se realizan y lo que acontece en la realidad. Un ejemplo claro de lo anterior es lo sucedido con el IGIC y el APIC. En este sentido, el argumento inicial que justificaba la elevación de los tipos del IGIC para compensar la menor recaudación en el APIC, queda completamente anulado al constatar la recaudación final obtenida por ambos tributos. La importante reducción del déficit observada en 1997 obedece fundamentalmente al espectacular crecimiento en los ingresos de tipo impositivo, que es a su vez, consecuencia del alza en determinados tipos, tales como el aumento del tipo general del IGIC del 4% al 4,5% y el incrementado del 12% al 13%, y de otros factores coyunturales relacionados con el nivel de actividad, con la mejora de la gestión de los impuestos y con un menor fraude fiscal. Como, por lo ya comentado, esos mayores ingresos tampoco estaban reflejados en las previsiones iniciales, pudiera pensarse que la reducción del déficit de 1997 no responde a criterios y objetivos concretos de política fiscal. Así lo revela el comportamiento de los diversos capítulos. Todo ello genera bastantes dudas sobre lo que puede acontecer en el futuro, dado que esa reducción no se asienta sobre sólidas bases, y queda sujeta a importantes fluctuaciones según la coyuntura existente en cada momento. Especialmente preocupante en el capítulo de ingresos es el incremento y fuerte desviación producida por la imposición indirecta, y concretamente en un impuesto como el IGIC, cuya recaudación parece fuera de control frente a las previsiones que se realizan. Debiera asegurarse que los incrementos que se producen en los tipos de este impuesto sean efectivamente compatibles con los objetivos previstos de inflación, ya que están influyendo negativamente y en forma directa sobre las alzas de precios que se vienen produciendo. Si la disminución del déficit o el equilibrio presupuestario de la Comunidad Autónoma se alcanza fundamentalmente sobre la base de obtener mayores recaudaciones de impuestos mediante incrementos continuos en los tipos impositivos, especialmente en los impuestos de carácter indirecto, y la consecuencia de tales incrementos se concreta en mayores niveles de inflación, se debería proceder a un replanteamiento las medidas de política económica que se adoptan. Por tanto, el CES sostiene que el objetivo de disminución del déficit debe sustentarse, también, en actuaciones dirigidas al control y racionalización del gasto, acompañado de la adopción de criterios de gestión eficiente de los recursos de las Administraciones Públicas, descartándose el aumento de la presión fiscal como medida exclusiva para afrontar sus necesidades de financiación. Además, especialmente grave es financiar el déficit por la vía de la imposición indirecta, pues de cara a la equidad social sus resultados son claramente regresivos. La destacada reducción del déficit de la Comunidad Autónoma ha tenido su traducción en un descenso en los niveles de endeudamiento durante 1997, pues ha visto reducida su necesidad de acudir a esta vía para financiar los gastos correspondientes. Así, al finalizar el ejercicio de 1997 el endeudamiento de la Comunidad Autónoma materializado en valores y créditos no comerciales se situó en 142 mil millones de pesetas. En ambos casos (déficit y deuda), la Comunidad Autónoma se ha mantenido en 1997 por debajo de los valores máximos establecidos para las dos variables en los "Escenarios de Consolidación Presupuestaria" acordados en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No obstante, la evolución del déficit de la Comunidad Autónoma durante la presente década no parece presentar una trayectoria clara hacia su reducción o hacia el equilibrio presupuestario. Lo acontecido durante el ejercicio de 1997 parece reflejar una situación no estable y basada en factores coyunturales. Asimismo, la evolución del endeudamiento observa un comportamiento irregular, con múltiples oscilaciones. En relación con ello, los últimos acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera y el "Pacto de Estabilidad y Crecimiento" obligan, necesariamente, a que la situación alcanzada a finales del ejercicio de 1997 adquiera el carácter de permanente o estable. Los medios para alcanzar esa meta y las implicaciones que su adopción pudiera generar, deberían ser rigurosamente analizados. Por lo que se refiere a los Ayuntamientos canarios, en términos de Contabilidad Nacional el ejercicio de 1996 ha permitido incrementar nuevamente el nivel de ahorro de estas instituciones, proceso continuado desde 1991 y, lo que es más importante, un crecimiento muy notable de su capacidad de financiación. Tras la aplicación del Plan de Saneamiento, ya en 1994 los Ayuntamientos presentaron capacidad de financiación, frente a las necesidades de los ejercicios anteriores. En 1995 y 1996 se ha consolidado ese proceso, pues representa un incremento en la capacidad de financiación de un 70,2% en 1996. La creación del nuevo Fondo Canario de Financiación Municipal y su vinculación parcial a la consecución del objetivo de saneamiento económico-financiero de los Ayuntamientos, debe ser valorada de forma muy positiva por lo que puede suponer de cara a consolidar los buenos resultados obtenidos a través del Plan Cuatrienal de Saneamiento y Mejora de las Haciendas Municipales Canarias. La situación de los Cabildos Insulares, en términos de Contabilidad Nacional, contrasta notablemente con la ya mencionada sobre los Ayuntamientos. Así, la evolución desde 1991 a 1996 revela un crecimiento continuado del ahorro hasta 1995, en que desciende ligeramente (-0,9%). Sin embargo, ese ahorro, conjuntamente con los ingresos de capital, es claramente insuficiente para cubrir los importantes gastos de capital realizados por estas instituciones. Como consecuencia de este proceso, los Cabildos Insulares vienen presentando una continua necesidad de financiación, que si bien disminuyó entre 1992 y 1995, se incrementa notablemente en el ejercicio de 1996. La prolongación de esta situación, y su posible financiación por la vía del endeudamiento, puede presentar de cara al futuro un panorama un tanto oscuro, que, además, pudiera agravarse con el proceso de transferencias y delegaciones de competencias desde la Comunidad Autónoma a los Cabildos Insulares. 13.4. LA COYUNTURA LABORAL. A finales de 1997 la tasa de paro en Canarias volvió a situarse por debajo de la media nacional, lo cual debe ser interpretado como un dato muy positivo. Sin embargo, el volumen de población desempleada en Canarias sigue siendo elevado, concentrándose además en colectivos sociales muy concretos (jóvenes, mujeres y parados de larga duración). La persistencia del fenómeno del desempleo en Canarias ha reabierto el debate en torno a la eficacia de las políticas laborales hasta ahora puestas en marcha, y especialmente sobre los recursos financieros consignados a tal fin. Debemos dejar constancia de la buena situación actual que atraviesa la creación de empleo. El excelente comportamiento del subsector turístico, que vuelve a superar el récord histórico de entradas de visitantes extranjeros; la esperada reactivación de la demanda interna de los residentes -en la que ha sido determinante la evolución de los tipos de interés-, acompañado todo ello de los favorables resultados en la contratación, consecuencia del Acuerdo Interconfederal por la Estabilidad en el Empleo, y que da lugar a la Reforma del Mercado Laboral, ha marcado la evolución del empleo en 1997. Asimismo, aún teniendo en cuenta los grandes niveles de estacionalidad que presenta el sector servicios en Canarias, que conllevan un mayor índice de temporalidad en este sector (duración determinada: 93,10% en Canarias frente al 87,47% a nivel nacional; causales: 68,10% en Canarias frente al 60,76% a nivel nacional); la Comunidad Autónoma Canaria se sitúa como la segunda con mayor nivel de participación de la contratación indefinida sobre el total de contratos suscritos (9,11% en Canarias frente al 7,01% de la media nacional). Es por tanto, que la situación ascendente por la que atraviesa la creación de empleo, reflejo de la positiva evolución de nuestra economía, viene impulsada, en parte, por los logros introducidos como consecuencia de la puesta en marcha de la Reforma del Mercado Laboral que confirman, una vez analizados los datos, que a la vez que está creciendo la ocupación, se hace en términos de mayor estabilidad. De igual modo, los datos de la encuesta de salarios en la industria y los servicios vuelven a confirmar la existencia en Canarias de unas menores retribuciones de la población ocupada en relación a la media nacional. Este dato se encuentra influenciado, entre otros, por la mayor participación del sector industrial -que presenta la característica de retribuir a sus trabajadores sensiblemente por encima de la media- en el ámbito nacional, mientras que en Canarias su tasa de participación es considerablemente menor. 13.5. LA EMPRESA. El tamaño y estructura de la empresa canaria se mantienen alrededor de las cifras manejadas en años anteriores. Los cambios producidos en estos aspectos no reflejan variaciones coyunturales acentuadas y constatan las características básicas señaladas en anteriores ediciones de este Informe Anual. Las empresas canarias pertenecen en su mayoría al sector de las PYME. La vulnerabilidad de este sector ante la competencia exterior es elevada. Las acciones encaminadas al apoyo de la PYME, necesarias en este contexto, no son escasas. No obstante, el aprovechamiento de los fondos destinados a estos fines pasa por una política de información clara y de incentivación del empresario como agente activo en la captación de ayudas adecuadas a su actividad productiva. Las inversiones en I+D de las empresas canarias son, en términos generales, escasas. La estructura y especialización empresarial en Canarias no incentiva un alto nivel en cuanto a actividades de innovación tecnológica. No obstante, las cifras comparativas respecto al resto de Comunidades Autónomas españolas, reflejan que, en este aspecto, las empresas canarias están lejos de alcanzar las cifras deseables. Si bien esta conclusión toca especialmente al sector empresarial, el resto de instituciones encargadas del I+D no compensan los pobres resultados. En definitiva, es posible concluir que el sistema demanda-innovación-oferta de tecnología en Canarias no proporciona el entorno adecuado para el desarrollo de estas actividades. Este aspecto ha de ser observado con preocupación, dada la creciente importancia de las actividades relacionadas con la innovación tecnológica en la determinación de los niveles de bienestar de países y regiones. En opinión del Consejo, no deben ahorrarse esfuerzos para apoyar, potenciar y divulgar las actividades de I+D en las empresas canarias, a través de una adecuada y coordinada vertebración del sistema ciencia-tecnología-empresa, que deberá recoger políticas específicas de apoyo y formación, con estructura horizontal y permeable a otras políticas sectoriales. Lo que podría representar un importante salto cualitativo y cuantitativo en el marco de un nuevo modelo de desarrollo, contribuyendo de esta forma a situar a Canarias dentro de la nueva clasificación de las Regiones Europeas de "ricas en información". En este contexto parece importante que la actuación política en materia de I+D se realice desde presupuestos de consenso político, social y científico-técnico, que garanticen su continuidad y la necesaria y progresiva movilización de los agentes protagonistas. 13.6. LA POBLACIÓN. Los resultados de la renovación padronal de mayo de 1996 sobre la estructura demográfica de la población canaria confirman la hipótesis del Informe Anual 1996 que había puesto en duda la adecuación del cálculo de tasas de crecimiento por la vía de la comparación entre dicha renovación y el anterior censo de población de marzo de 1991. Esta comparación sobrevalora el crecimiento de la población canaria y ha dado lugar a conclusiones exageradas sobre la magnitud del flujo inmigratorio. Otras fuentes estadísticas apoyan esta observación, dibujando un modelo migratorio más equilibrado y acorde con la situación del mercado de trabajo de Canarias. Los problemas de fiabilidad de las renovaciones padronales son un fenómeno reconocido por la bibliografía demográfica, afectan a todo el territorio estatal en mayor o menor medida y no se pueden atribuir exclusivamente a la labor del ISTAC. Sin embargo, el propio ISTAC debe promocionar el uso adecuado de las fuentes estadísticas a través de un amplio soporte metodológico y los contrastes entre fuentes. 13.7. LA EDUCACIÓN. La implantación de la reforma educativa supone un esfuerzo importante tanto en términos materiales como respecto del objetivo de aumentar el rendimiento escolar y dotar de una educación de calidad a los jóvenes canarios. El Consejo Económico y Social muestra su preocupación por el conflicto laboral en las Enseñanzas Medias que puede provocar distorsiones graves en el próximo curso escolar. El Consejo Económico y Social anima a la Consejería a la elaboración de indicadores educativos que permitan la comparación del funcionamiento del sistema educativo canario con otras regiones españolas. Particularmente la participación en los estudios de cobertura estatal puede contribuir a facilitar esta comparación. 13.8. LA SALUD. Aun reconociendo los importantes avances que ha supuesto la puesta en marcha del Servicio Canario de Salud, sigue existiendo lagunas de información sobre el estado de salud de la población canaria. En este sentido, sería recomendable la prolongación y diversificación de los esfuerzos de investigación en esta materia. Siendo la cultura de salud de la población canaria una de las condiciones restrictivas más importantes en la mejora del estado de salud, las actuaciones de la medicina preventiva y la implicación activa de los ciudadanos en su relación con el sistema sanitario son un frente de primordial importancia, particularmente en aquellos diagnósticos que estén estrechamente relacionados con los hábitos de vida. La organización del sistema sanitario público tendrá que enfrentarse al reto de la integración de sus servicios bajo la única supervisión del Servicio Canario de Salud y plantearse las medidas necesarias para el fomento de la motivación del personal y la satisfacción de sus usuarios. En determinadas áreas concretas siguen subsistiendo infradotaciones en infraestructuras y personal que tendrán que subsanarse con el correspondiente esfuerzo presupuestario. 13.9. PROTECCIÓN SOCIAL. El sistema de protección social en Canarias ha experimentado una evolución y avance notable en los últimos años. No obstante, todavía es posible encontrar carencias relacionadas no sólo con la escasez de recursos, sino con la gestión y utilización de los mismos tanto por las instituciones como por los beneficiarios. Los desarrollos en materia legislativa competencial producidos durante el año 1997, han de ser cuidadosamente implementados, pues suponen un aspecto clave para la consecución de los objetivos de las políticas sociales. Si bien se producen avances en el marco legislativo referencial, las políticas sociales no han dirigido suficientes esfuerzos en los aspectos informativos. La difusión clara de la información sobre fondos disponibles y sobre la utilización de los mismos por los potenciales beneficiarios, es una variable central a la hora de conseguir eficiencia y eficacia en las acciones en materia social. Se siguen manteniendo diferencias palpables en cuanto a los niveles de cobertura de las prestaciones por áreas geográficas. Son las áreas donde las bolsas de pobreza y marginación son más abundantes donde la cobertura es menor. La planificación de la asistencia y apoyo social a colectivos desfavorecidos a través de planes generales, constituye un paso adelante en la consecución de la coordinación y eficiencia en la gestión de recursos necesaria en este campo. No obstante, la generalidad de los planes impide una concreción mayor de las medidas y medios a través de los cuales estas medidas se llevarán a cabo. El éxito de los planes generales en proceso de elaboración ha de pasar por una mayor atención a los medios materiales y humanos sobre los que se van a construir. El Consejo Económico y Social, al inicio de 1998, con ocasión de dictaminar el Plan de Integración Social contra la Pobreza y la Exclusión Social, reclamó la conveniencia de disponer, en el ámbito de Canarias, de la existencia de unos indicadores que nos aproximen a la medición del bienestar social y el reparto de la riqueza en nuestras islas. Ello, se dijo entonces, debe ser un objetivo alcanzable y una prioridad política. 13.10. OTROS ASPECTOS SOCIALES. La sociedad canaria muestra algunos rasgos diferenciales significativos en cuanto a su comportamiento y hábitos en comparación con otras Comunidades Autónomas y con las medias prevalecientes a nivel estatal. Algunas de estas diferencias tienen que ver con la estructura por edades de la población, con los niveles de renta y su variación a lo largo de las últimas décadas, con las actividades económicas dominantes, con el sistema educativo, con la historia, etc. Así se observa que, en comparación con los niveles prevalecientes a nivel estatal, la edad nupcial de los hombres y mujeres canarios es inferior a la media, existiendo además en Canarias un porcentaje relativamente alto de personas separadas y/o divorciadas; es relativamente frecuente que en Canarias los ancianos convivan con sus familiares; el porcentaje de residentes en Canarias que han nacido en el archipiélago es sensiblemente superior a los datos registrados para otras Comunidades Autónomas; el consumo de alcohol es relativamente bajo, especialmente si lo comparamos con algunas comunidades del norte de la Península, mientras que el consumo de tabaco parece ser ligeramente superior a la media estatal; los ciudadanos canarios tienen una elevada propensión por los juegos de azar, así como por el gasto en determinados bienes de consumo duradero relacionados con la electrónica de consumo. Por último, la participación en los procesos electorales es relativamente baja. A lo largo del año 1997 se registraron en Canarias cerca de 1.500 denuncias por malos tratos y agresiones contra mujeres. Estas cifras sitúan a Canarias como la Comunidad Autónoma con mayor número de denuncias presentadas en proporción a la población. No obstante, estas cifras reflejan solamente un pequeño porcentaje del problema debido a los factores que concurren (una parte importante de estos delitos son cometidos en el seno del hogar, relevancia de las agresiones verbales o físicas, coincidencia de las agresiones con relaciones de poder familiares o laborales, etc.). La alarma social que a lo largo del año 1997 despertaron algunos casos extremos de malos tratos y agresiones debe aprovecharse para poner en práctica las medidas legislativas, judiciales, formativas e informativas necesarias para reducir y erradicar estas situaciones. El actual proceso de convergencia de los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información, es un asunto de vital importancia para el éxito económico y el progreso social de las Regiones. La evolución de dicho proceso en un "ambiente" que fomente el cambio, significará nuevas posibilidades para el crecimiento del empleo y el desarrollo económico, extendiéndose al tiempo las posibilidades de elección de los consumidores. En este sentido, el proceso de convergencia descrito se convierte en elemento clave de cualquier estrategia de reactivación económica y expresión del grado de integración social y de la calidad de vida de los ciudadanos. Con mayor relevancia aún en una región como Canarias, caracterizada desde el punto de vista de su localización geográfica, fragmentación territorial y estructura productiva. El acceso a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y, especialmente, el acceso a Internet, se está convirtiendo progresivamente en un elemento central de la cultura, el mundo del trabajo y el ocio en las sociedades avanzadas. Estas nuevas tecnologías brindan la posibilidad de superar determinadas barreras espaciales para el acceso a la información, por lo que resultan especialmente adecuadas para aquellos países y regiones con una localización periférica. Es por ello que los bajos niveles de acceso a Internet entre los ciudadanos canarios es un tema preocupante por lo que pueda esto suponer en cuanto a la limitación de sus opciones laborales y formativas actuales y futuras. Especialmente relevante es la familiarización de los escolares con esta nueva forma de informarse, formarse y relacionarse, por lo que las autoridades educativas deben considerar este tema como prioritario. En opinión del CES, Canarias cuenta con suficientes elementos dinamizadores que permiten aportar un desarrollo favorable del proceso de convergencia de las comunicaciones y sistemas de información: Existen las infraestructuras de telecomunicaciones mínimas necesarias, sobre las que desarrollar los proyectos dinamizadores. Existen Agentes canarios directamente involucrados en el uso de las nuevas tecnologías con una experiencia de varios años y proyectos relativos a la Sociedad de la Información en distintos sectores de la sociedad canaria. Existen agentes canarios, particularmente activos, en los medios de comunicación social, productores audiovisuales, proveedores de información y de informática y, en menor medida, asociaciones de empresas de informática y de telecomunicaciones, etc. que debidamente motivados pueden constituirse en agentes TIC, participando y poniendo en marcha proyectos dinamizadores. El sistema de Ciencia y Tecnología Canario cuenta con los recursos y el Konw-How necesario. El Gobierno de Canaria cuenta con empresas instrumentales activas en el sector de las TIC. El sector educativo canario reúne las condiciones para ser utilizado como escaparate de las nuevas tecnologías. Es, de entre todos los sectores, el que se encuentra mejor posicionado para desarrollar proyectos dinamizadores, no sólo por el perfil de los usuarios, jóvenes y profesores, y su penetración social, sino también por los recursos de que dispone en redes y equipamientos, consecuencia de la importante inversión que se ha hecho en educación por los distintos Gobiernos de la Comunidad Autónoma Canaria. Justamente en este ámbito específico de la educación podría desempeñar su mejor papel catalizador e impulsor el Gobierno de Canarias, probablemente junto a lo que pudiera hacerse también en el terreno de la sanidad. Existen sectores productivos claves para el desarrollo de Canarias receptivos para desarrollar proyectos innovadores como Turismo y Agricultura. Otras oportunidades las brinda el propio mercado canario. El número reducido de grandes empresas canarias, Cajas de Ahorros, Unelco, Salcai, Titsa, etc., y la posición dominante de las Administraciones Publicas Canarias, con diferentes vías de comunicación, que facilitan la posibilidad de acuerdos de colaboración para el desarrollo de proyectos dinamizadores orientados a empresas y ciudadanos con gran repercusión social y empresarial. Pon tanto, existen Infraestructuras, existen Agentes, existen proyectos en marcha, sectores receptivos y otras fortalezas con los que la Sociedad de la Información en Canarias se puede desarrollar adecuadamente, pero no será posible desarrollarlo de forma eficaz, si no se produce la intervención del Gobierno de Canarias, promoviendo acuerdos, concertación de esfuerzos y coordinación interadministrativa y entre los distintos subsistemas competenciales de la Comunidad Autónoma; facilitando la difusión y promoción de los beneficios de la Sociedad de la Información; promocionando la coordinación de agentes, proyectos, etc; y la implicación de los agentes sociales y económicos. La experiencia ha demostrado que los proyectos son similares en su caracterización tecnológica y aplicación concreta. Lo decisivo y clave para el éxito, en regiones con las características de Canarias, es el grado de implicación en los procesos de las administraciones regionales. Justamente, esta dimensión de la intervención pública, es la que se reclama desde la Unión Europea para el éxito en el proceso de avance hacia la Sociedad de la Información. Todo ello significa apostar, en la construcción de la Sociedad de la Información en Canarias, por el desarrollo de tres líneas de actuación: Desarrollo de centros TIC internos en los sectores clave dependientes de su responsabilidad (Sanidad, Agricultura, Turismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, etc.), de forma que respetando la cultura de cada Consejería y sus prioridades, actúen como agentes dinamizadores internos de la nuevas tecnologías. Desarrollo de macroproyectos relacionados con la Sociedad de la Información desde el Gobierno Autonómico: puesta en marcha de al menos un proyecto por cada Consejería relacionado con la Sociedad de la Información, implicando en el mismo a los agentes externos más receptivos en cada ocasión. Inclusión de las TIC en los respectivos planes de desarrollo regional. En consecuencia, diseñar y planificar desde el consenso y la implicación del conjunto de las Administraciones. En definitiva, el Consejo Económico y Social de Canarias sugiere, para la conveniente articulación del proceso descrito, y al que nos hemos referido en el Informe Anual del que extraemos esta conclusión, la formulación de un Plan Director para el Desarrollo y la Dinamización de la Sociedad de la Información en Canarias. Con el objetivo esencial de generar cultura a favor del uso de las TIC; propiciar el incremento de la demanda de los servicios asociados a las mismas; y facilitar el establecimiento de mecanismos para que la oferta de infraestructuras y servicios, y la demanda de usos cualificados incidan de forma positiva, realimentada y con la sinergia adecuada, en un contexto, ya descrito, en el que el funcionamiento del mercado estará modulado y mediatizado por las acciones emprendidas en instancia superiores, como son la Unión Europea o la Administración Central. Plan Director que, desde luego, habrá de formularse desde presupuestos de concertación entre los agentes económicos y sociales, y consenso político. 13.11. LA VIVIENDA Y EL CONSUMO. A pesar de la buena coyuntura económica a nivel regional, expresada en un importante crecimiento del PIB y en el de otros indicadores económicos relevantes, la percepción que las familias canarias manifiestan poseer sobre su situación económica a finales de 1997 es claramente negativa; de hecho, la más negativa de todas las Comunidades Autónomas españolas. En este sentido, parecen haber pesado más en esa mala percepción otros indicadores económicos que les afectan más directamente, tales como la mayor inflación, la menor ganancia media por trabajador o la elevada tasa de paro. La Encuesta Continua de Presupuestos Familiares correspondiente al último trimestre de 1997 ofrece clara evidencia sobre lo señalado en el punto anterior: el 34,2% de las familias residentes en Canarias manifestaba tener mucha dificultad para llegar a fin de mes (la media nacional se situaba en sólo el 12,4%); sólo el 13,7% de los hogares declaraba poder dedicar dinero al ahorro, cuando la media española se situaba en el 24%; el 73,9% de las familias canarias estimaba que el último trimestre de 1997 era un momento inadecuado para realizar compras importantes (la media de las Comunidades Autónomas españolas alcanzaba un porcentaje del 53,4%). Ninguna otra Comunidad Autónoma presentaba indicadores tan negativos. Parece cada vez más claro el hecho de que la evolución y el nivel de los precios de los productos que habitualmente adquieren las familias presenta trayectorias netamente diferenciadas en las dos provincias canarias, y, especialmente, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. Diversos estudios parecen evidenciar la existencia de precios superiores en Gran Canaria respeto a Tenerife. Asimismo, los precios en la provincia de Las Palmas evidencian una mayor rigidez hacia su disminución en coyunturas en que el nivel general de precios disminuye; por el contrario, en periodos alcistas la respuesta de los precios en esta provincia parece ofrecer una mayor sensibilidad, y, por lo tanto, se observan mayores incrementos en los precios de los productos que se han indicado. Dado que, a priori, no parecen existir causas que puedan justificar esta situación, sería deseable la realización de estudios y análisis concretos y rigurosos encaminados a identificar los factores que pueden estar incidiendo en estos comportamientos. Nuevamente durante 1997 los precios de la vivienda en Canarias han presentado un comportamiento claramente negativo, con incrementos muy notables. Así, en 1996 la diferencia entre los incrementos anuales del IPC general y del referido al grupo vivienda fue de 2,9 puntos porcentuales, aumentando esta diferencia en 1997 hasta los 3,1 puntos porcentuales, por lo que en ambos años este grupo ha crecido algo más del doble del crecimiento de los precios a nivel global. Concretamente, en 1997 (al igual que en 1996) el importante crecimiento en los precios del grupo de vivienda es consecuencia del espectacular incremento de los precios de las viviendas en alquiler, que durante el ejercicio de 1997 tuvieron un crecimiento casi cuatro veces superior al incremento general de los precios, aunque no debe dejar de destacarse la considerable presión alcista de la rúbrica viviendas en propiedad, que responde a una demanda creciente de viviendas de renta libre, de mayor calidad y precio, en sustitución de la Vivienda de Protección Oficial, consecuencia, entre otros, de un contexto de bajada generalizada de los tipos de interés, abaratándose considerablemente los créditos hipotecarios e incidiendo en la preferencias de inversión de las economías domésticas. Lo anteriormente expresado agrava todavía más el problema de la escasez de viviendas en Canarias. Problema que, por otra parte, no parece solucionarse a través de las actuaciones que se vienen ejecutando mediante los distintos planes de viviendas, pues no pueden llegar a cubrir la demanda existente sobre este tipo de bienes. Además, respecto de estos planes de viviendas, hay que expresar que continúan las dificultades para disponer de los recursos financieros necesarios para su ejecución; en unos casos, porque se califican más viviendas durante el año que los recursos disponibles para el ejercicio; en otros, porque tales deficiencias del ejercicio corriente se ven agravadas con la existencia de actuaciones pendientes de financiar correspondientes a ejercicios anteriores. Habría que valorar positivamente el notable descenso durante 1997 en el índice de morosidad correspondiente al pago de alquileres de viviendas de promoción pública en Régimen Especial (viviendas sociales), que disminuyó hasta el 30% (algo menos de la mitad del correspondiente a 1996), y que, en buena medida, parece ser resultado de los decretos de acceso a la propiedad aprobados en años anteriores por el Gobierno Canario. 13.12. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. A lo largo del año 1997 se produjo un importante acuerdo de delegación de competencias medioambientales desde la Comunidad Autónoma a los Cabildos. Este importante proceso descentralizador entraña que un numeroso colectivo laboral y los medios materiales vinculados pasan a depender funcionalmente de las instituciones insulares, con lo que esto significa en cuanto a la cercanía a la problemática medioambiental propia de cada isla, si bien debe prevenirse la aparición de problemas de coordinación a nivel global. La pequeña dimensión territorial del archipiélago, junto con la creciente demanda de suelo con fines residenciales y de infraestructuras, están provocando, especialmente en las islas capitalinas, un problema de excesiva presión urbanizadora. Además, el crecimiento del tráfico de vehículos está generando graves problemas de congestión de unas infraestructuras escasas en relación a los hábitos de uso vigentes. Vinculado a ello, el consumo de energía constituye en las islas uno de los principales condicionantes de la contaminación atmosférica, tanto los combustibles para la automoción como los utilizados en la producción de energía eléctrica. En este sentido, el crecimiento de la producción de electricidad a partir de energías renovables, como la energía eólica y solar constituyen prioridades para los próximos años. El proyecto de instalación de un Centro de Lanzamiento Espacial en la isla de El Hierro se ha convertido en uno de los temas polémicos a lo largo del último año en el archipiélago y, especialmente, en la isla más directamente afectada. A pesar de que en la isla la voluntad popular es claramente contraria a dicha iniciativa el proyecto no ha sido retirado, si bien recientemente, ya en el año 1998, la comisión del Parlamento Canario designada al efecto se ha manifestado de forma contraria a la instalación de la denominada lanzadera lo cual supone un apoyo decisivo en el rechazo al proyecto del Instituto Nacional de Técnica Aerospacial. La tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular acerca de la urbanización o no del barranco de Veneguera ha sido otro de los temas medioambientales que mayor interés y debate han generado. La experiencia del desarrollo turístico canario hace necesario e inaplazable, se promueva un amplio debate social que ayude, a las instancias competentes, a determinar la capacidad de acogida de la actividad turística por el territorio, así como al fomento de la calidad para posicionarse con éxito en el cada vez más competitivo mercado turístico internacional. Resulta paradójico observar que las diferentes posiciones enfrentadas en este debate apoyan sus argumentos precisamente en este respeto al medio y fomento del turismo de calidad, si bien las estrategias planteadas en cada caso resultan divergentes. En cualquier caso, la decisión final del pleno del Parlamento Canario ha abierto la posibilidad para la urbanización del barranco de Veneguera, una de las escasa áreas relativamente vírgenes que quedan en la isla de Gran Canaria, si bien, es de señalar, que los defectos jurídicos que lesionaban derechos fundamentales han propiciado este hecho.