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INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y LABORAL DE CANARIAS EN 1994 (Aprobado por el Pleno del Consejo en sesión del 26 de junio de 1995)
.../... SÍNTESIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 1.- Desde una óptica mundial el año 1994 representa un punto de inflexión desde una situación de crisis generalizada a otra de recuperación que se va consolidando y contagiándose de unos países a otros, con un perfil que apunta a una aceleración creciente que puede durar hasta el fin del siglo o, al menos, hasta 1998. Los patrones de la recuperación económica difieren, obviamente, según las zonas y tipos de economía, pero presenta efectos multiplicadores impulsados por la expansión de las transacciones comerciales internacionales. Este contexto no implica estabilidad ya que podrán producirse convulsiones derivadas, por ejemplo, de la inadecuación entre economía real y financiera, pero supone un marco favorable para la recuperación sostenida de la economía canaria, que se muestra extraordinariamente sensible a la evolución económica externa. 2.- Una de las características que adquiere el proceso de recuperación internacional es el papel protagonista de los movimientos de integración regional, de los cuales la UE y el Magreb revisten especial trascendencia para el entorno canario. Las buenas expectativas de las economías comunitarias para los próximo años generan un panorama favorable para la economía canaria, en la medida en que gran parte de nuestras actividades económicas y comerciales se realizan con esa zona. Existen, sin embargo, importantes incertidumbres derivadas de las dificultades en alcanzar la UEM, de la ampliación de la UE a otros países, lo que desplazará el centro político y económico hacia el norte y centro geográficos de Europa, y derivadas también del convencimiento de que los escenarios más favorables para las economías europeas no mejorarán sustancialmente los logros alcanzados en términos de crecimiento ni los fracasos cosechados en términos de empleo. Con todo, las expectativas cabe calificarlas de positivas para la economía canaria, no obstante convendría hacer las siguientes matizaciones: En primer lugar, en lo que se refiere a la renta por habitante, en Canarias aún estamos por debajo de la media nacional (95,42) y de la de la U.E. (75,67). El hecho de que la brecha entre PIB por habitante y renta por habitante no disminuya sino que al contrario, se incremente, pone de manifiesto que parte de la producción canaria se traduce en rentas que salen de nuestra región. En segundo lugar, la creciente especialización de la economía canaria a través de aprovechar su ventaja competitiva en los servicios, especialmente en el turismo, incorpora ciertos riesgos de cara al futuro centrados fundamentalmente en la estabilidad de una economía excesivamente especializada. En tercer lugar, como hemos visto a lo largo del informe, la escasa capacidad de generación de empleo que muestra la economía canaria, que ha mantenido durante 1994 y como término medio a 447.600 ocupados, cifra inferior de la que existía en 1989, en torno a los 450.000. Por último, las políticas monetarias como instrumento básico de la lucha contra la inflación pueden constituir una amenaza en el horizonte para el crecimiento de la economía canaria, por la especial sensibilidad del tejido empresarial a los tipos de interés alto. 3.- Uno de los aspectos pendientes en la definición de la estrategia de competitividad de Canarias es su relación con el continente africano. A pesar de los esfuerzos realizados durante 1994, son numerosas las dificultades para incrementar las transacciones comerciales, facilitar actividades conjuntas de negocio y acrecentar el grado de integración económica entre Canarias y esa zona cercana de rápida expansión económica. El Consejo reclama en tal sentido la adopción de una política específica de amplias miras que fortalezca nuestra posición competitiva en la zona y permita el aprovechamiento de las ventajas de Canarias en su especialización en servicios avanzados y como centro logístico de transacciones comerciales. No deben ser desatendidas las posibilidades que para la economía canaria pueda significar el favorable crecimiento económico señalado para los países latinoamericanos. 4.- La economía española presenta un perfil de clara recuperación sostenida en el que comienza a jugar un mayor papel protagonista la demanda interna y particularmente la inversión. Persiste, sin embargo, la gravedad de algunos desequilibrios básicos que en gran parte son compartidos por el ámbito canario. Uno de ellos, el alto grado de paro, que ni la reactivación económica ni la reforma laboral han logrado atajar al nivel, al menos, al que se situaban las expectativas. Otro, el comportamiento de los precios, ya que a pesar del control de la inflación existen razones estructurales que impiden que el IPC rebaje la cota del 4.5% anual. Una de esas razones es el alto nivel de déficit público; los logros alcanzados en el control de este déficit en términos de porcentaje sobre el PIB son más debidos al crecimiento de la actividad productiva que al control del gasto, objetivo que parece postergarse hasta 1996. La evolución del tipo de cambio de la peseta presenta claroscuros para la economía canaria, pues si bien por una parte favorece nuestras exportaciones de servicios apuntalando unos excelentes resultados turísticos, por otra parte constituyen una fuente de tensiones inflacionistas por el fuerte encarecimiento de las importaciones, sobre todos alimenticias, como se ha puesto de manifiesto en la evolución del IPC canario. Por último el cambio de tendencia hacia el alza en el comportamiento de los tipos de interés suponen una dificultad añadida en la recuperación de la empresa canaria, donde los costes financieros adquieren un papel relevante. 5.- La economía canaria ha respondido con antelación, desde 1993, a la ola de reactivación económica internacional, y lo ha hecho en mayor medida que la media española y comunitaria. Tras un crecimiento real de la actividad productiva que se sitúa entre el 4% y el 5% en 1994, el Consejo constata que todas las previsiones avalan la idea de una recuperación sostenida para el próximo cuatrienio, y es por ello por lo que plantea que es el momento de afrontar, en un contexto favorable, algunas de las reformas estructurales que, como la ya aprobada Ley de Turismo, permitan mejorar el grado de competitividad externa y afrontar el nuevo periodo que se inicia con el siglo XXI con mayores garantías de sostenibilidad y equilibrio en las pautas de crecimiento y desarrollo económico. 6.- No cabe duda que el inicio de la recuperación económica en Canarias se sustenta en la aportación del sector exterior por la vía de exportación de servicios. Canarias ha recibido en 1994 más de un millón más de turistas extranjeros. Esta circunstancia venturosa obliga al CES, sin embargo, a proponer una seria reflexión sobre los riesgos estratégicos que ello entraña. En primer lugar porque el Consejo constata la creciente especialización en mercados de escaso poder adquisitivo y muy ligados a la evolución coyuntural, haciéndose necesario que el sector turístico tome fuertes posiciones competitivas en los mercados más estables y adopte decisiones para diversificar la oferta y captar segmentos de mayor capacidad de gasto. En segundo lugar, porque el Consejo constata que el incremento del turismo se debe a razones coyunturales que sin duda forman parte de nuestra competitividad, pero que deben ser aprovechadas para alcanzar mayores niveles de integración empresarial en la cantidad y calidad de la oferta turística, de manera que se generen economías externas e importantes efectos de arrastre que complementen al negocio turístico. Durante 1994 el Consejo Económico y Social de Canarias emitió dos dictámenes sobre el turismo; uno relativo a la consideración del turismo como sector estratégico y otro relativo a la Ley de Ordenación del Turismo en Canarias. En esta ocasión remitimos a las propuestas de actuaciones y recomendaciones contenidas en ambos dictámenes, que siguen guardando actualidad y sobre los que el CES reclama particularmente la atención de la Administración. |
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7.- El Acuerdo de la UE con Marruecos respecto a la exportación de tomates ha generado una fuerte alarma en el sector y ha sido catalogado como una seria amenaza para el futuro del cultivo en Canarias. El Acuerdo, en la valoración de este Consejo, presenta desventajas y menor protección por la vía de los precios al modular a la baja las iniciales previsiones del GATT, pero presenta ventajas al someter a contingentación a las exportaciones marroquíes. Es por ello por lo que el CES entiende que el sector cuenta con un contexto normativo que le permite un horizonte de relativa estabilidad aunque amenazado por nuestros costes diferenciales y por el incumplimiento de los mecanismos de control comunitario que garanticen la protección de las producciones canarias, y en particular la ampliación del calendario. En un contexto en el que toda posible solución de futuro viene condicionada por la competencia marroquí y en el que cada vez parece más difícil la adopción de mecanismos de protección, el Consejo Económico y Social quiere hacer un especial llamamiento para incrementar los niveles de competitividad de las producciones canarias, sobre todo por la vía de los precios, la calidad y la eficacia de los canales de comercialización. Al tiempo esta Institución reclama la más enérgica defensa de los intereses de los agricultores y exige inmediata solución a la inaceptable vulneración de los Acuerdos por falta del debido y necesario control. 8.- El CES muestra su satisfacción por la definitiva desestimación que el Tribunal de Luxemburgo ha sentenciado sobre las reiteradas demandas alemanas contra la OCM del plátano, aunque muestra su preocupación por las pretensiones estadounidenses de cuestionar la política comunitaria en este producto y los intentos, permanentes, por modificar la actual OCM por parte de algunos socios comunitarios. Al tiempo, el Consejo recomienda intensificar la prospección de nuevos mercados y llevar a cabo las reformas estructurales que supongan una mejora en las calidades variedades, en las técnicas de cultivo, en los canales de comercialización y en la concentración empresarial, que consideramos requisitos necesarios para ganar en competitividad. 9.- La Pesca, como tercera actividad en la generación de Valor Añadido en el Sector Primario, con efectos de arrastre sobre otras muchas actividades, exige por parte de la Administración un plan de choque estratégico de doble orientación. En primer lugar, en lo relativo a las reformas y renovación en la industria extractiva y de derivados, mostrando su satisfacción por la aplicación del Instrumento Financiero de Orientación Pesquera a partir de 1995. Y en segundo lugar, en la necesaria eliminación de la incertidumbre a la que se ve sometido el sector ante las renovaciones del Acuerdo Pesquero con Marruecos, manifestando nuestro convencimiento de que las pretensiones marroquíes, lejos de estar inspiradas en la racional explotación de los caladeros, sirven como moneda de cambio para otros objetivos comerciales de más largo alcance y perjudiciales para los intereses canarios. 10.- La actividad de la construcción mostró síntomas de reactivación en 1994, sobre todo por el tirón que ha supuesto la inversión pública, cuyo comportamiento será determinante también para los resultados en el sector en el próximo bienio. El Consejo desea llamar la atención sobre dos factores adicionales que condicionan la situación de las empresas. Uno, que es preciso disminuir el nivel de crédito que las empresas constructoras se han visto condicionadas a conceder a la Administración y que supone para éstas altos costes financieros en un contexto que se caracterizará por incrementos paulatinos en los tipos de interés. El segundo es que este Consejo recomienda la adopción de medidas por parte de la Administración que, sin menoscabo del juego de la libre competencia, suavicen las barreras de entrada con que cuentan algunas de las pequeñas y medianas empresas en el acceso a adjudicaciones de la licitación oficial. 11.- El dinamismo mostrado por la actividad industrial durante 1994 reclama una seria consideración de los aspectos que limitan su desarrollo potencial y que se encuentran recogidos en el reciente dictamen que sobre esta materia emitió el CES, cuyas recomendaciones enfatizamos particularmente en este Informe Anual. Especial referencia queremos hacer a la mejora de las condiciones de competencia para la industria canaria, formalizadas en la recomendación de paralizar el descreste del APIC para aquellas importaciones que colisionen con las producciones locales, de manera que el sector se dote de un mayor margen de maniobra para abordar las estrategias que permitan incrementar el nivel de competitividad interna y externa. El CES reclama la urgencia del Plan de Desarrollo Industrial, que no vio luz en 1994, de manera que el sector industrial contemple un horizonte los más estable posible con un conjunto integrado de medidas y acciones que potencie su actividad y su interconexión y efectos de arrastre con el resto de actividades productivas. 12.- El Consejo constata las profundas transformaciones que se vienen sucediendo en las pautas de la demanda, los hábitos de consumo y la estructura y formas de la oferta comercial en Canarias, que conforman uno de los sectores de mayor dinamismo en la economía de Canarias y que supone un alto porcentaje de participación en el VAB y en el empleo. Independientemente de los aspectos normativos contemplados en la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial en Canarias, sobre la que el CES emitió dictamen el pasado año a cuyo contenido remitimos también en esta ocasión por su vigencia y actualidad, el Consejo desea resaltar la necesaria reorientación de las formas tradicionales de venta que permitan a los comerciantes canarios ganar competitividad en calidad, especialización, formación profesional, técnicas de gestión, prestación de servicios y asociacionismo como herramientas fundamentales para la supervivencia de las firmas. El debate abierto sobre la instalación de grandes superficies debe abordarse con una voluntad de equilibrio entre la total eliminación de trabas y el proteccionismo a ultranza que perpetúa debilidades tradicionales del tejido comercial, introduciendo, junto a los criterios económicos otros de naturaleza urbanística, de bienestar social, de calidad de vida y medioambientales. 13.- El Consejo muestra su preocupación por el alto nivel de los precios de consumo en Canarias y por el diferencial de más de un punto alcanzado en su crecimiento a finales de 1994 respecto a la media española. Especial atención merece la evolución de los precios de los alimentos, que en la segunda mitad del año se mostraron particularmente alcistas. Ante el clima de enrarecimiento provocado por las razones que se vienen argumentando desde diversos frentes para explicar este crecimiento de los precios de los alimentos, el Consejo estima perentoria la necesidad de abordar un estudio en profundidad que considere conjuntamente todos los factores con posible incidencia y, entre ellos, la estructura de los aprovisionamientos, los efectos de las sucesivas devaluaciones de la peseta, los efectos de la sequía y la propia estructura de la distribución comercial en Canarias. El Consejo, por su parte, ha expresado ya la conveniencia de analizar en profundidad, mediante la elaboración de un dictamen expreso a iniciativa propia, la posible incidencia adicional del REA en la evolución del índice de los precios alimenticios. |
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14.- Las grandes cifras del mercado laboral en Canarias muestran que durante 1994 se han incorporado a la actividad laboral un volumen de 18.500 personas, que el número de ocupados se ha incrementado en 23.500 personas y que el número de parados ha descendido en 4.900 personas, alcanzándose el umbral de crecimiento de la actividad productiva capaz de generar empleo neto, aunque esta circunstancia no ha permitido rebajar el diferencial de tasa de paro respecto a la media española y a la comunitaria. Algunas características deben ser, sin embargo, resaltadas del estudio pormenorizado de estas cifras. En primer lugar, que el mercado de trabajo en 1994 ha absorbido, tanto en actividad como en ocupación, más a mujeres que a hombres, representando las primeras el 85% de las cifras antes indicadas. En segundo lugar, que el paro afecta de forma desigual a diferentes colectivos, siendo los más perjudicados las mujeres y los jóvenes. Y por último, que se agudiza el porcentaje de parados de larga duración, que suponen ya el 58% del total de parados (48% en 1990). La enorme trascendencia económica y social del paro, que es, sin lugar a dudas, el primer problema de Canarias, exige la inmediata adopción de medidas urgentes por parte de la Administración. De manera especial, el Consejo reclama la pertinente financiación para el Plan Integral de Empleo de Canarias. 15.- La favorable evolución del empleo durante 1994 es debida, de una parte, a la positiva evolución de la actividad y de la demanda y, de otra, a la nueva normativa de regulación laboral, que flexibiliza los supuestos de entrada y salida del mercado de trabajo. A pesar de los efectos positivos que sobre el empleo tiene la nueva normativa, el CES quiere mostrar su preocupación por la segmentación que agudiza entre trabajadores y entre formas contractuales, con peligro de generalizar la precarización en el empleo y la rotación elevada de trabajadores, lo que puede devenir en detrimento de la productividad, la calidad del empleo y un marco estable de relaciones laborales. 16.- Con el Informe Anual sobre la situación económica, social y laboral de Canarias, 1994, el CES a pretendido corregir el déficit de tratamiento en que ha incurrido, con los Informes de 1992 y 1993, en relación a la situación de las Infraestructuras en Canarias: está admitido que las diferencias de infraestructuras y capital humano son contribuciones decisivas que explican diversos grados de desarrollo y cohesión social de las regiones. Un mundo que, inexorablemente, avanza hacia la globalización y cuya expresión más exacta hoy es la integración en grandes espacios regionales definidos, no solo por compartir localización geográfica, sino niveles similares de vertebración interna y que, quizás también por todo ello, demandan niveles homologables de infraestructuras, tanto productivas como de aquellas otras que tienen un papel más marcadamente social (conclusiones 26 y ss.). A propósito de las infraestructuras hidráulicas, en opinión del CES, la escasez de lluvias y el riesgo de carencias en el abastecimiento de agua a la población y a la agricultura en algunos meses de 1994 reabre la polémica sobre el nivel de dotaciones en ese tipo de infraestructura. En nuestra opinión las inversiones, públicas y privadas, en potabilización, desalación y depuración de aguas efectuadas durante muchos años, ha situado a Canarias en una posición menos desfavorable en relación a otras zonas del Estado español, y según un estudio comparativo que nuestro informe refleja. Por lo que respecta a la distribución interna de ese esfuerzo inversor, conviene indicar que el nivel de infraestructuras es relativamente menor en las islas occidentales, sujetas a un régimen de lluvias más favorable. Un esfuerzo adicional en materia de inversiones de infraestructura hidráulica habría que dirigirlo a desarrollar el ciclo completo del agua. En otro contexto, la especialización en el desarrollo de las tecnologías aplicadas al uso y gestión de las infraestructuras hidráulicas y energéticas, y a su mismo diseño, han situado a Canarias en una posición de privilegio; por señalar un solo dato estamos a la cabeza mundial en tecnología sobre aguas depuradas, lo que nos abre la posibilidad de establecer líneas de desarrollo de programas con países vecinos con problemas similares, con lo que ello significa de consolidación de actividad económica para las Islas. El Consejo Económico y Social, en este sentido recomienda una actuación más decidida por parte del conjunto de los operadores económicos y poderes públicos, para promover ese tipo de actuaciones que debería ser extensiva al terreno del reciclaje de residuos, vigilancia y control de presas, tecnologías de riego y de extracción de aguas, energías renovables, etc. ... En lo que se refiere a infraestructuras en carreteras, el Consejo, con el Informe Anual 1994, advierte de la insuficiente valoración que la red de carreteras tiene para el PDCAN, y emplaza a la conclusión del sistema viario, fundamentalmente las circunvalaciones de las capitales canarias, generalizándose la accesibilidad a las zonas donde se concentra actividad económica, así como servicios públicos, facilitándose de esta manera, movilidad de bienes y servicios, así como de factores productivos. De relevantes pueden señalarse los efectos que las infraestructuras portuarias y aeroportuarias tienen para las islas, respecto de ellas y de todas las infraestructuras en general, el Consejo reclama expresamente se observen dos cuestiones; por un lado la imprescindible búsqueda del equilibrio entre el territorio y la capacidad de acogida de las infraestructuras, haciendo compatible estas con la protección de los valores medioambientales y paisajísticos. De otro, la eficacia general del sistema de infraestructuras, tanto las más directamente relacionadas con la actividad productiva como las de mayor contenido social, está en relación directa con una eficaz gestión en la puesta a disposición de las mismas al conjunto de la sociedad. 17.- El compromiso de austeridad asumido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España, expresa la voluntad, también compartida, de aceptar la reducción del déficit público en 69'1% para el conjunto de las Administraciones territoriales autonómicas. Hay datos que nos permiten admitir que el déficit público tendrá en Canarias una evolución controlada, probablemente, con un mayor grado de ajuste a los criterios de convergencia exigidos por la Unión Europea. El Consejo Económico y Social de Canarias, por todo ello, y porque admite la importancia que el control del déficit público tiene sobre la evolución de los otros indicadores, expresa la conveniencia de que se sea riguroso en el diseño y aplicación de las políticas públicas, de tal forma que se hagan armonizables la satisfacción de las demandas y necesidades de la sociedad canaria con la contención del déficit público. 18.- El concreto análisis que sobre esta temática se formula en el Capítulo VI de la Primera Parte de este Informe, nos permite excluir innecesarias reiteraciones. Sin embargo, sí estimamos conveniente formular algunas predicciones y destacar ciertos aspectos fundamentales de la fiscalidad canaria que, por sus posibles incidencias en el contexto de la evolución económica-social de la región, entendemos precisan de un necesario debate que justifique, no ya la eficacia recaudatoria de la Comunidad Autónoma en la imposición indirecta, cuya voracidad ha quedado plenamente demostrada, sino también, en contraposición, la prestación de servicios de la propia Administración a la vista del elevado nivel de presión fiscal autonómica en Canarias. Como indicadores mínimos, que dan soporte a la conclusión anterior, digamos que el incremento interanual de recaudación del IGIC (que ya en 1993 había crecido respecto al año anterior, en un 14,34% respecto a lo recaudado por ITE y lujo) aumentó en 1994 en casi un 27% y, cuantitativamente, en 11.500 millones de pesetas. Por su parte, el impuesto sobre los combustibles, creció entre 1993/1994 en 14.469 millones de pesetas. Resulta obvio que se ha roto el principio de neutralidad del esquema fiscal canario, al instaurarse el IGIC en las Islas. Ante tal situación, el CES se siente obligado a formular recapitulación de la opinión que, sobre esta cuestión, expuso en sus Informes Anuales de Coyuntura. - En 1992: Expresamos el temor de que el nuevo marco legal pudiera variar el diferencial impositivo indirecto tradicional de canarias. - En 1993: Dejábamos constancia de que el temor era ya una evidencia. En este Informe correspondiente a 1994, expresamos nuestra preocupación de que, el espectacular crecimiento de dicha imposición indirecta, específica de Canarias, por su indudable repercusión en el sector consumidor pueda, en alguna medida, tener una cierta incidencia inflacionaria en el propio IPC anual de la Islas. En cualquier caso, convendría estudiar adecuada y técnicamente, esta denunciada posibilidad. |
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Por otra parte, difícilmente podría justificarse, a estas alturas, tal avidez recaudatoria, en base a las naturales desviaciones o imprecisiones propias del inicio del nuevo sistema (llevamos ya algo más de dos años de rodaje). Tampoco, en opinión del CES, sería válido justificar los excesos de recaudación en la imposición indirecta muy por encima del crecimiento económico de la región, con la previsible reducción en la fiscalidad directa a corto plazo, como consecuencia de la paulatina implantación del nuevo REF Canario ya que aquella actúa, fundamentalmente, sobre el consumo, y esta constituye un estímulo a la inversión empresarial y un instrumento para forzar la autofinanciación en las empresas instaladas en las Islas, por lo que, no pueden analizarse, en modo alguno, con criterios compensatorios. Así mismo el CES, desea mostrar su preocupación por la incidencia que, en su marco estructural de las Islas, podría producir un retraso en la necesaria reglamentación de los dispositivos legales del nuevo REF. 19.- El bienestar social y la calidad de vida no pueden ser considerados de manera unidireccional observando aisladamente cada uno de sus componentes (económico, sanitario, educacional, etc...), sino más bien como el equilibrio en el desarrollo conjunto de todos ellos, lo que exige contemplar la política social como un conjunto de medidas coherentes, coordinadas e integradas. El CES valoraría como altamente positivo que la política social de la Comunidad Autónoma se diseñara con una visión amplia e interrelacionada, más que como un conjunto de acciones aisladas de efectos dudosos en el medio y largo plazo. 20.- La base demográfica de Canarias juega un papel determinante en la caracterización del problema social. El crecimiento de la población, los cambios en su estructura y la distribución de los asentamientos en el territorio constituyen una dimensión ineludible para la planificación de los servicios públicos. La sensibilidad a este hecho lleva ya a la continua referencia a los "mapas" de población, sanitario, de servicios sociales, etc... 21.- El resultado neto de los procesos de fecundidad, mortalidad y migratorio genera efectos de implicaciones económicas y sociales, particularmente en la demanda de ciertos servicios públicos como educativos y sanitarios, en el mercado de trabajo y en el mercado de vivienda. El efecto del "baby-boom" canario (550.000 personas) amplió la demanda educativa que obligó a una rápida expansión del equipamiento físico y humano que, a la vista del descenso de la tasa de natalidad a partir de 1975 y la reducción de las generaciones en edad escolar, puede resultar parcialmente ociosa en el horizonte del fin de siglo, obligando a reasignar infraestructuras y personas. Se espera que la enseñanza primaria vea reducida su demanda en más de un 30% hasta el año 2000, aunque a partir de esa fecha puede producirse una temporal recuperación hasta el 2016. 22.- Otro de los efectos derivados del rápido crecimiento demográfico entre 1955 y 1975 es el importante aumento en la demanda de parejas jóvenes y familias que buscan una primera vivienda propia. El 26% de los hogares canarios (107.172 hogares) son compartidos con jóvenes entre 25 y 29 años. La tendencia a la familia mononuclear y el incremento en el número de hogares monoparentales genera, desde el lado económico, una demanda de viviendas de menor tamaño y, desde el lado social, la necesidad de nuevos servicios como cuidado de hijos o atención a hogares pequeños de personas mayores. 23.- El envejecimiento de la población tiene efectos importantes en la dinámica y estructura de la demanda sanitaria. Los incrementos sustanciales en el número de personas mayores, sobre todo en algunas islas menores occidentales, producirá no sólo una ampliación cuantitativa de la demanda (la morbilidad se incrementa con la edad), sino también se dará una reorientación cualitativa, ya que las personas mayores son más propensas a enfermedades crónicas que exigen su gestión sanitaria. 24.- Finalmente, el proceso demográfico producirá en el horizonte del inicio del siglo una reducción de las entradas en la población potencialmente activa. La inmigración legal y especialmente la ilegal producen distorsiones en algunos nichos del mercado laboral. De otra parte, se presentan importantes problemas de integración socio-laboral para los retornados canarios de países sudamericanos. 25.- Dada la importancia que la educación tiene en la cualificación laboral así como intrínsecamente en el acceso a un bien cultural, el Consejo valora positivamente el esfuerzo educativo que se viene realizando en la Comunidad, que destina el 44% de sus presupuestos de 1994 (42% en 1989) a educación. Este esfuerzo ha conducido a ampliar la oferta de determinados servicios como los universitarios y a mejorar los ratios de calidad en enseñanzas no universitarias, aunque estas valoraciones deben ser matizadas por el hecho insular, que dificulta determinadas prestaciones en las islas menores y alimenta situaciones poco deseables como la alta rotación del profesorado. Estas dificultades genera una descapitalización en las islas menores que se manifiesta como un handicap específico para su desarrollo. El Consejo reclama, igualmente, un cambio de orientación y de esfuerzo económico en materia educativa, desde la educación superior universitaria hasta la formación profesional, cambio que justificamos por el convencimiento que tenemos en el diferente impacto que sobre el mercado de trabajo tienen una y otra. No solo a efectos de empleo asalariado sino de cara a la generación de autoempleo, como modalidad básica para la reducción sustantiva del paro en Canarias. 26.- La valoración positiva del esfuerzo educativo no implica valoración positiva del funcionamiento del sistema. Como se ha señalado en anteriores informes, Canarias es una de las comunidades con mayor índice de fracaso escolar, y mayor en las islas orientales que en las occidentales, siendo al tiempo un fenómeno socialmente discriminante al afectar en mayor medida a la educación pública que a la privada. Las causas del fracaso escolar son múltiples. El CES valoraría positivamente el esfuerzo del Gobierno de Canarias para incrementar la motivación y productividad del profesorado, aumentar la implicación de los padres/familia en el proceso educativo, y reorientar los contenidos educativos de manera que se adapten de una forma más eficiente a la realidad próxima a los alumnos y al entorno en el que se desenvuelven y en el que lo harán en el futuro. El fracaso escolar es especialmente alto en la Formación Profesional, creándose un círculo vicioso entre su imagen negativa y el origen y rendimiento de los alumnos, poco conveniente para un tipo de formación que debe orientarse fundamentalmente a las necesidades del mercado laboral. 27.- El CES valoraría positivamente mayores esfuerzos por parte del Gobierno de Canarias para vencer las resistencias que el sistema educativo canario y los distintos agentes involucrados en el mismo manifiestan en cuanto a la implantación de la LOGSE. 28.- El Consejo Económico y Social detecta una persistente inadecuación entre el sistema educativo y el mundo laboral, que se manifiesta en diversos frentes. De una parte, la oferta educativa está escasamente adaptada en sus contenidos y titulaciones a las necesidades de la estructura productiva canaria, siendo especialmente lacerante esta situación en lo relativo a la Formación Profesional, a la insuficiencia con que las enseñanzas no regladas pretenden cubrir los huecos que dejan las enseñanzas regladas y a la escasa acumulación de capital humano en el sistema productivo por la carencia de formación continua en las empresas. De otra parte, esta situación alimenta un clima de desconfianza desde las empresas hacia el sistema educativo, y particularmente hacia las Universidades, que tampoco han sido capaces de reorientar sus investigaciones en un grado adecuado a los problemas reales y prioritarios de la sociedad y las empresas canarias. |
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29.- El Consejo quiere hacer un especial llamamiento orientado a la resolución de las insuficientes infraestructuras materiales y dotaciones humanas para la atención a educandos con minusvalías mentales y físicas. 30.- El Consejo se congratula por la asunción de competencias en materia sanitaria que la Comunidad Autónoma efectuó en el mes de marzo de 1994, así como por la creación del Servicio Canario de Salud. Esta competencia supone la gestión de 110.000 millones de pesetas, 60 centros sanitarios y unos 10.000 trabajadores. Esta circunstancia refuerza las recomendaciones que en materia sanitaria desea efectuar este Consejo Económico y Social. 31.- El CES no tiene conocimiento de la forma en que las competencias sanitarias afectarán al equilibrio presupuestario de la Comunidad Autónoma en los próximos años, sobre todo en lo referente a la financiación del déficit sanitario y al control sobre determinados gastos, como los farmacéuticos, de ascendente evolución. Siendo éste un aspecto determinante para evaluar el coste y la eficiencia en la gestión que afecta al interés de todos los ciudadanos, este Consejo estima de la mayor conveniencia una aclaración en tal sentido. 32.- Un aspecto nodal para la contención del gasto sanitario y la eficiencia en la gestión de los recursos es el papel de la Administración en la generación de "cultura sanitaria" en la población, de manera que se produzca una contención en el crecimiento de las enfermedades que tienen que ver con el régimen de vida y alimentación, se reduzca el alto grado de automedicación, se aminore la presión excesiva e injustificada sobre los servicios de urgencia y se incremente el grado de exigencia de los usuarios en la calidad de las prestaciones que reciben. Este incremento de la cultura sanitaria debe ir acompañada de una intensificación en las campañas de medicina preventiva que complemente la tradicional función de lucha contra la enfermedad. 33- El déficit detectado en la dotación de infraestructuras y servicios en algunas áreas, entre ellas psiquiatría, se agrava por el efecto de la insularidad, lo que explica el importante papel jugado en tal sentido por los Cabildos. Esta circunstancia y la importante presencia de la sanidad privada generan un complejo marco de relaciones que dificulta la planificación y coordinación, que muchas veces ha estado presidida más por los intereses de las partes que por la provisión de una sanidad de mayor calidad. 34.- El nuevo modelo de atención primaria que se fundamenta en la implantación de Centros de Salud y Equipos de Atención Primaria con un enfoque de asistencia comunitaria no se encuentra plenamente desarrollado, y se detectan deficiencias en la articulación entre servicios sanitarios y servicios sociales, especialmente en relación a grupos sociales con amplia problemática, como la población de tercera edad y la población con carencias económico-sociales. 35.- La deficiente coordinación entre los distintos niveles de la Administración actuantes en materia social adquiere especial relevancia en los aspectos relacionados con la protección social, siendo necesario un esfuerzo conjunto entre la Comunidad Autónoma, los Cabildos y los Ayuntamientos para afrontar y resolver este problema, que se agrava por la excesiva lentitud con que son tramitadas algunas de las ayudas básicas concedidas y por la escasa dotación de centros en las islas menores. 36.- A pesar de los innegables avances en la política de protección al menor existen múltiples deficiencias en los ámbitos de la insuficiencia en las labores de prevención, la falta de inmediatez en la ejecución de resoluciones de desamparo, la falta de criterios estables de intervención y la insuficiencia de centros de acogida. Algunos recientes informes cifran en 20.000 los niños canarios que precisan actuaciones específicas de las Administraciones Públicas, de los que 6.000 son considerados como en situación de alto riesgo. 37.- Canarias continúa tristemente situada en los primeros lugares del ranking de Comunidades en malos tratos a las mujeres, siendo absolutamente insuficientes los centros de acogida. La problemática específica de la desatención a los problemas más lacerantes de este colectivo discriminado se pone de manifiesto al comprobar que el 70% de las ayudas económicas básicas son concedidas en Canarias a familias encabezadas por mujeres. El Consejo recomienda una campaña de estimulación que ayude a vencer las resistencias a denunciar situaciones de maltrato, así como mayor esfuerzo en la orientación y atención a mujeres que lo sufren. 38.- En los últimos años se ha producido un importante incremento en los beneficiarios de pensiones no contributivas, tanto por el mayor esfuerzo de la Administración como por la generalización de potenciales receptores, situación que se agravará por el proceso de envejecimiento de la población. La atención a la tercera edad es absolutamente deficiente y se plasma tanto en la agresividad con que se planifican las ciudades donde los ancianos viven, como en al insuficiencia en la atención específica, particularmente sanitaria y de cuidados. 39.- En la misma línea la Comunidad canaria muestra muy escasa sensibilidad hacia la integración social de los minusválidos, a pesar de la reciente Ley sobre Accesibilidad y Supresión de las Barreras Físicas aprobada en el Parlamento de Canarias, que este Consejo felicita. A finales de 1994, 3.259 minusválidos eran beneficiarios de las prestaciones derivadas de la Ley de Integración Social de Minusválidos. 40.- Canarias es una de las Comunidades Autónomas con mayor ratio de tratamientos de desintoxicación, que en términos absolutos ascendieron a unas 6.400 personas en 1994. El mayor consumo de heroína, cocaína y alcohol en personas en situación laboral de paro y con bajos niveles de formación son un indicativo del carácter interdisciplinar e integral que debe adoptar la política social dirigida a este colectivo. 41.- En líneas generales este Consejo reconoce los significativos avances que se han producido en la protección social en Canarias, aunque desea señalar la existencia de múltiples carencias y deficiencias que impiden que la asistencia llegue a aquellas personas que la necesitan, existiendo importantes bolsas de marginación, especialmente en los barrios periféricos de las ciudades, donde la actuación es limitada. Las bolsas de marginalidad son difícilmente solubles sólo con la política asistencial, puesto que la problemática social se encuentra muy vinculada con las deficiencias en otros ámbitos como el cultural, el de la formación y el económico. La existencia de elevadas tasas de desempleo, junto con el alcoholismo y otras drogodependencias, generan un entorno que se autoalimenta y que limita los efectos de la intervención. |
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42.- De los estudios sobre distribución personal de la renta en Canarias el CES deduce la persistencia de una pronunciada desigualdad: el 10% de los hogares con mayores ingresos reúne más del 25% de los ingresos totales, mientras que en el otro extremo el 10% de los hogares con menores ingresos sólo cuenta con un 2,7% de los ingresos. Esta situación, correspondiente a 1991, es consecuencia de un proceso de mejora hacia mayor igualdad en la distribución de la renta durante la década de los sesenta y de los setenta, que ha quedado interrumpida durante los años ochenta. Se detecta importantes barreras de salida de la pobreza por la baja movilidad social ascendente de los estratos de renta más baja. Teniendo en cuenta que las Encuestas de Presupuestos Familiares se realizan cada 10 años y que son las únicas fuentes para realizar este tipo de análisis de la sociedad canaria, el CES sugiere al Gobierno de Canarias las gestiones necesarias para elevar los tamaños de las muestras y resolver problemas de metodología que dificultan análisis conclusivos. El Instituto de Estadística de Canarias debe jugar en este proceso un papel determinante. 43.- Uno de los aspectos sobre los que el CES se muestra particularmente sensible es en lo relativo al nivel de pobreza. Aún teniendo en cuenta las distintas fuentes y metodologías existente para medirla y los dispares resultados a que se llegan, Canarias ocupa uno de los lugares de mayor nivel de pobreza, cualquiera que sea su conceptualización: pobreza severa o relativa, pobreza tradicional o nuevas formas de pobreza, pobreza rural o urbana. Cada una de esta formas de pobreza exige un conjunto particular de acciones integradas que el Consejo reclama como necesario, al constatar la insuficiencia del Plan de Lucha contra la Pobreza presentado en el Parlamento Canario, de la ampliación de las infraestructuras destinadas a la prestación de servicios sociales y de la fijación del salario social. La fuerte relación existente entre los niveles de pobreza y los niveles culturales-educativos, la situación de desempleo y los crecientes problemas de vandalismo y delincuencia juvenil, así como el particular ensañamiento de la pobreza con algunos colectivos como la Tercera Edad aconsejan un análisis pormenorizado y continuado de esta temática en el que de nuevo el ISTAC y las organizaciones implicadas deben aunar esfuerzos y cumplir una función metodológica y analítica de primer orden. 44.- La estructura del consumo privado y los hábitos de compra de los canarios vienen experimentando profundos cambios en los últimos años, particularmente en los noventa. A ello ha contribuido especialmente el cambio estructural del sistema distributivo con la generalización de las grandes superficies, la entrada de capital extranjero en las mismas, la aparición de nuevas formas comerciales, la reestructuración del supermercado de autoservicio, la crisis de las tiendas tradicionales y la inminente aparición de cadenas "discount". Esta nueva situación exige un esfuerzo de adecuación entre el nivel real de protección al consumidor y el formalmente enunciado en la Ley de Protección al Consumidor, que es de las más avanzadas de Europa. A pesar del importante número de reclamaciones, más de 1.700 sólo en la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, el CES constata que el consumidor canario tiende a la pasividad a la hora de formalizar sus quejas y hacer valer sus derechos, quizá motivado por la lentitud de los trámites y las reducidas repercusiones que se derivan de las reclamaciones. El Consejo recomienda a las Administraciones la realización de campañas de sensibilización y difusión de los derechos del consumidor, facilitar los niveles asociativos, dotar de mayores recursos personales y materiales a los organismos y organizaciones de defensa de los consumidores y la canalización de reclamaciones que venzan las resistencias señaladas. Particularmente debe prestarse especial atención a la calidad de los productos, la prestación de los servicios y el sobreprecio de unos y otros en islas menores y zonas turísticas, al incremento de los precios en transportes públicos y a las infracciones continuadas de la Ley 4/1994 de Ordenación de la Actividad Comercial en Canarias que obliga a acompañar todos los productos expuestos en escaparate con sus precios. Estos aspectos han sido los de mayor impacto en la opinión pública canaria durante 1994. Asimismo, el Consejo recomienda la potenciación, dotándola de los medios adecuados, de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, incentivando por un lado la participación de las empresas con actividad en Canarias, y por otro su utilización por los consumidores, todo ello como mecanismo adecuado de resolución de las controversias que se susciten. 45.- A pesar del cumplimiento relativamente satisfactorio del Plan de Viviendas, sigue existiendo una insuficiente oferta para el segmento de población de ingresos medios y bajos, agudizándose los problemas de infravivienda y chabolismo en algunas zonas de las grandes ciudades. El problema no es de fácil solución, pues al agotamiento del suelo urbanizable en algunas zonas urbanas se une la planificación urbanística pasada que ha generado un entorno urbano saturado con barrios conflictivos y con grandes carencias de infraestructura y servicios complementarios y la generalización de la autoconstrucción, que recomienda el reconocimiento de esas urbanizaciones ilegales. Asimismo el CES constata la necesidad de rehabilitar viviendas sociales construidas en anteriores décadas que se encuentran actualmente en deplorable estado, así como la necesidad de intensificar las campañas de enfoscado y pintado. 46.- El Consejo constata el bajo índice de disfrute de bienes y actividades culturales y de ocio y deporte de la población canaria en relación a la media española y lo contrasta con el alto índice de participación en juegos de azar: en Canarias se gasta 1,6 veces más dinero por habitante que en la media nacional, especialmente en máquinas "tragaperras" (tipo B) que absorbe el 51% del dinero que se juega en el Archipiélago y donde cada canario se gasta más de doble que la media española. Ante esta situación el Consejo reclama una más decidida política cultural que facilite el acceso de los ciudadanos al uso y disfrute de bienes y servicios de ocio digno. 47.- El CES proclama que el patrimonio medioambiental es uno de los más importantes recursos económicos y sociales con que cuenta Canarias y reclama, por tanto, una especial atención en la gestión de los recursos medioambientales en términos de calidad de la atmósfera y aire (sobre todo en municipios donde se concentran actividades contaminantes), suficiencia y calidad de las aguas, degradación del suelo y restauración hidrológico-forestal, conservación de costas y modificación de litorales, deterioro del paisaje, incendios forestales (en 1994 se quemaron 4.770 has. en 97 incendios, del que el más grave fue en La Palma con 3.739 has.), espacios naturales (40% del territorio canario, cuatro parques nacionales, dos reservas de la biosfera, 1 zona natural patrimonio de la Humanidad y 24 zonas de especial protección de aves reguladas por la UE), gestión de residuos sólidos urbanos, energías alternativas y calidad del ambiente urbano. El CES se congratula por la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Espacios Naturales y recomienda la elaboración de un sistema integrado de indicadores medioambientales que permitan un exhaustivo seguimiento de la problemática medioambiental. La necesaria elevación de la cultura medioambiental de los canarios en el sentido señalado recomienda asimismo campañas de mentalización orientadas a la protección y conservación por parte de los ciudadanos de los entornos más cercanos a su realidad cotidiana. 48.- El creciente y, probablemente, desproporcionado uso de productos fitosanitarios en la agricultura canaria demanda la necesidad de reclamar una actuación vigilante por parte de los poderes públicos ante los previsibles efectos nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud. VOTO PARTICULAR Que formulan los Consejeros: D. Alberto Cabré de León, D. Antonio Rivero Suárez, D. José Cristóbal García García y D. Eduardo García Sánchez, en representación de las Organizaciones Empresariales de Canarias; D. José Sabaté Forns, en la de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Canarias y D. José Ángel Gil Jurado y D. Miguel Becerra Domínguez, expertos designados por el Gobierno de Canarias. Compartiendo la globalidad del Informe Anual 1994, del Consejo Económico y Social de Canarias, admitiéndose como hace el Informe, que el mercado de trabajo presenta en nuestro país un serio y arraigado problema estructural, cual es la incapacidad de la economía para generar empleo, tanto con respecto a la propia dinámica del crecimiento como con respecto a la dimensión del problema social y económico del paro, los Consejeros signatarios del presente voto particular expresan que, en su opinión, existen algunos aspectos que caracterizan este fenómeno, todos ellos relacionados con las rigideces del mercado laboral que han dificultado los mecanismos de ajuste de los salarios, de las formas contractuales y de los mecanismos de acceso y salida al mismo, a las distintas fases del ciclo económico. Parece evidente que estos aspectos han propiciado que el empleo mostrara escaso dinamismo en fases expansivas de la economía y prolongadas caídas en fases recesivas. Es por ello que uno de los retos más importantes para la generación del empleo consiste en moderar el incremento de los costes laborales reales en fases expansivas, como la actual de la economía española y canaria, en particular, y favorecer los ajustes rápidos de empleos y salarios en fases recesivas o ante la aparición de tensiones inflacionistas. |