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INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y LABORAL DE CANARIAS EN 1993 (Aprobado por el Pleno del Consejo en sesión del 8 de julio de 1994)
.../... 7.- SÍNTESIS. Durante 1993 la economía occidental ha vivido la cola de la fase depresiva del ciclo económico iniciado en 1990, siendo la característica más relevante la fortaleza de la recuperación norteamericana, que alcanzó una tasa de crecimiento en torno al 3%. Aunque en la primera mitad del año asistimos a una evolución divergente de los ritmos de crecimiento a ambos lados del Atlántico, en la segunda mitad comenzaron a mostrarse ciertos síntomas de reactivación en las economías europeas, que permiten afirmar que en la mayor parte de países se podrá pasar en 1994 de tasas negativas a otras positivas en el crecimiento productivo, si bien las tensiones financieras y monetarias, la debilidad de las demandas internas y los altos niveles de déficit público sugieren altas dosis de incertidumbre respecto al saldo neto final de 1994. La economía española ha seguido un perfil temporal similar al señalado para las economías europeas, situándonos en el cuarto trimestre del año en el fin de la recesión al registrar crecimientos positivos en tasas trimestrales anualizadas, lo que permite anticipar un comportamiento positivo del PIB en torno al 1% para 1994. La clave para comprender la recuperación económica continúa estando en el sector exterior, con una reducción del desequilibrio comercial superior al 30%, fruto del beneficio derivado de las devaluaciones y de la posición de nuestra divisa en el Sistema Monetario Europeo. Un rápido repaso a los desequilibrios básicos refleja una tasa de inflación moderada en relación a anteriores ejercicios, pero excesiva en relación a la actividad económica, lo que hace temer futuras tensiones en los precios a pesar de la importante moderación de la inflación subyacente y del amplio margen existente entre el PIB real y el potencial. Son, sin embargo, el déficit consolidado de las Administraciones Públicas (7.1% del PIB) y la tasa de paro (24% sin que exista tendencia a disminuir) los indicadores más preclaros de los estrangulamientos básicos de la economía española, que comprometen seriamente las posibilidades ciertas de recuperación sostenida para 1994. Desde el mes de junio de 1993 Canarias se ha comportado anticipando temporalmente la recuperación del conjunto de la economía española, finalizando el ejercicio con una tasa de crecimiento que se sitúa entre el 1% y el 2%, según las distintas estimaciones, pero constituyendo, en cualquier caso, una de las pocas comunidades autónomas con crecimiento positivo del VAB. La sensibilidad de la economía canaria a la evolución del turismo, de los ingresos provenientes de esta actividad y de nuestra imagen de marca y calidad de servicio obligan a una estrategia adecuada para consolidar nuestra posición competitiva más allá de los conflictos internacionales y de la paridad de nuestra divisa que han motivado el incremento de afluencias durante 1993. Con una tasa de paro cercana al 28.5% la situación del mercado de trabajo regional se muestra particularmente preocupante, tanto por la presión del saldo positivo de incorporaciones al mercado de trabajo como por la insuficiente cualificación de la fuerza de trabajo y la escasa capacidad que tienen las unidades productivas para generar empleo. La aplicación del IGIC y la recaudación obtenida por tal concepto, así como la de otras figuras impositivas, han quebrado el principio de neutralidad recaudatoria exigible al cambio del sistema tributario, que junto al peculiar régimen transitorio del FPI han supuesto una mayor presión fiscal que ha tenido como indeseable efecto el desánimo y retraimiento de las inversiones empresariales en el Archipiélago. 8.- RECOMENDACIONES. 1ª. El Consejo valora muy positivamente el esfuerzo realizado en la defensa de los intereses agrarios canarios en el contexto comunitario, en lo referente a nuestros principales productos de exportación. Existen, sin embargo, importantes amenazas que exigen una más decidida actuación de nuestros poderes públicos para evitar que prospere el recurso que Alemania ha formulado a la OCM del plátano ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, y evitar que en el seno de la Organización Mundial del Comercio prospere la iniciativa del denominado "frente de rechazo", que pretende revisar los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT en tal sentido. 2ª. De igual manera, el Consejo se congratula por la aprobación del calendario de precios de referencia para el tomate de terceros países en la Ronda Uruguay del GATT, aunque recomienda acciones institucionales tendentes a evitar que la firma del tratado euromagrebí perjudique los intereses canarios. 3ª. En el mismo sentido, sería deseable la más decidida defensa de los intereses canarios en la negociación del Tratado de pesca entre la Unión Europea y Marruecos ante la pretensión del país alauita de disminuir los volúmenes de capturas permitidos, lo que redundaría muy negativamente en todas las flotas, particularmente la de cefalópodos, que faenan en el banco sahariano y tienen en los puertos canarios su centro de operaciones y aprovisionamiento. 4ª. El Consejo constata que no se han producido avances significativos en la mejora de las redes externas de comercialización ni en la redefinición de la política industrial canaria, y reclama en tal sentido la atención del ejecutivo canario. 5ª. La sensibilidad de la economía canaria a los ingresos provenientes de la actividad turística exige insistir en la necesidad de un plan estratégico de diversificación y mejora de la calidad de los servicios prestados, conjurando el peligro de indolencia derivado de los buenos registros alcanzados en 1993 y la primera mitad de 1994. El Consejo ha emitido dictamen globalmente favorable al Proyecto de Ley de Ordenación del Turismo en Canarias, recomendando al Gobierno su inmediato desarrollo reglamentario. 6ª. Una vez aprobadas las Bases Económicas del REF, en el primer año de vigencia del Plan de Desarrollo de Canarias y en el contexto de redefinición de un nuevo modelo de desarrollo económico que cuenta aún con grandes dosis de incertidumbre, el Consejo recomienda mayores esfuerzos para coordinar los distintos niveles de actuación de las administraciones públicas en Canarias, con una más clara delimitación de funciones y competencias y un mayor grado de eficacia en la gestión. En tal sentido el Consejo constata la importancia que para la gestión municipal pueden adquirir las Agencias de Desarrollo Local y sugiere una mayor sensibilidad de la política económica hacia las iniciativas locales de desarrollo que aprovechen el potencial endógeno y sean generadoras de empleo. 7ª. Siendo el paro el más importante problema económico y social que debe señalar este Consejo, se constata su complejidad en términos de fuerte presión demográfica, insuficiente cualificación de los trabajadores y alta incidencia de contratación temporal y/o ilegal, lo que favorece bajos índices de productividad. El Consejo recomienda reforzar las acciones que se vienen emprendiendo por la vía de la mejor cualificación de los trabajadores/as y la mejora tecnológica y organizativa de la empresa canaria. El Consejo muestra su preocupación por el incremento en el índice de siniestralidad laboral registrado durante 1993. 8ª. Ante la relevancia del crecimiento de la presión fiscal tanto indirecta como directa, que rompe el principio de neutralidad recaudatoria que cabía esperar de la modificación del sistema tributario, el Consejo llama la atención sobre los efectos de tal hecho en el retraimiento de la inversión productiva y reclama un mayor rigor en el análisis de las consecuencias que se derivan de las actuaciones del ejecutivo en tal sentido. 9ª. El Consejo constata que la dilación en la aprobación de las Bases Económicas del REF, así como el tratamiento diferenciado entre el peculiar régimen transitorio del FPI en Canarias y el aplicado en su día en el régimen general para el área peninsular han sido también elementos de desánimo inversor que dificultan la mayor amplitud y consolidación de la recuperación económica. En tal sentido este Consejo muestra su insatisfacción por el hecho de que el Gobierno Canario no ha seguido la recomendación de instar la modificación del régimen transitorio para el FPI incluida en el Informe anterior. 10ª. Al amparo de los programas operativos incluidos en el Marco de Apoyo Comunitario (MAC 89-93), y de la Iniciativa Comunitaria para las Regiones Ultraperiféricas (REGIS 91-93), que han supuesto un flujo inversor de fondos comunitarios cercano a los 200.000 millones de ptas., la inversión en infraestructuras en Canarias ha estado fundamentalmente dirigida en los últimos 5 años a aliviar los problemas derivados de la integración y articulación territorial en los ámbitos de relación de Canarias con el resto del mundo (aeropuertos, puertos y comunicaciones), integración insular (carreteras) y, en menor proporción, integración regional. Sin embargo, es preciso destacar la insuficiente y deficiente dotación de infraestructuras de transporte en las áreas metropolitanas de las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, con un alto grado de incidencia negativa sobre sus usuarios, no sólo en términos de calidad de vida sino también de eficiencia empresarial. 11ª. En la medida en que, a diferencia de puertos y aeropuertos, las carreteras no generan ingresos directos, el Consejo muestra su preocupación por su posible deterioro, recomendando un esfuerzo especial en la gestión, conservación y mantenimiento de las mismas, así como en la gestión de la demanda, especialmente por el impacto medioambiental negativo de su construcción y uso. 12ª. El Consejo constata que, a pesar del importante esfuerzo inversor realizado en la producción, distribución, depuración y reutilización de aguas, las deficiencias son aún considerables, particularmente en lo referente a depuración y reutilización de aguas residuales. El Consejo Económico y Social, reitera la conveniencia de desarrollar la vigente Ley de Aguas de Canarias en lo relativo a los Consejos Insulares de Agua, extendiendo al resto de las islas la iniciativa ya adoptada de instituir estos órganos rectores en Tenerife y Gran Canaria, dotando a tales órganos de los instrumentos y competencias que precisen. 13ª. El Consejo reitera la conveniencia de adecuar y revisar el Plan Energético de Canarias, con especial atención al desarrollo de un Plan de Energías Renovables y a la necesaria campaña de información y convencimiento a los ciudadanos y a las empresas para el ahorro energético y su consumo más racional. 14ª. En la medida en que, a pesar de las carencias señaladas, el principal esfuerzo inversor se ha venido dirigiendo hacia la dotación de infraestructuras que palien los problemas derivados de la discontinuidad territorial y región ultraperiférica, así como a la escasez de recursos naturales, el Consejo entiende que en las nueva fase que se inicia, se deben combinar las acciones ponderando los problemas derivados de la fragilidad y carácter estratégico del medio ambiente como el principal activo productivo de Canarias, así como los derivados del capital humano, dada la estructura poblacional joven y de escasa cualificación en nuestra región. Particular recomendación quiere hacer el Consejo Económico y Social en lo relativo a dotaciones infraestructurales ligadas más directamente al aparato productivo, de manera que se facilite la recuperación económica generadora de empleo. 15ª. El Consejo ha seguido con preocupación el debate que durante el año 1.993 se ha suscitado en torno a los nuevos fenómenos del desarrollo comercial en nuestra Comunidad, en especial lo concerniente al asentamiento de los grandes equipamientos comerciales; en este sentido, demanda como inaplazable la elaboración de un auténtico Plan General de Equipamientos Comerciales, concebido, de una lado, como plan regulador que fijara los criterios y condiciones en que pueden aparecer los nuevos desarrollos comerciales y, de otro, como instrumento que defina un plan de actuaciones de los poderes públicos que permita la potencialidad del comercio y la distribución como vectores de desarrollo económico y reequilibrio y ordenación territorial a nivel de Canarias, introduciendo elementos de promoción y fomento, y propiciando, en definitiva, la transparencia del proceso. Un Plan General de Equipamientos Comerciales así concebido deberá respetar el marco competencial de municipios y cabildos, pero sin perder de vista que los modernos desarrollos comerciales justifican un papel activo para las instancias regionales, al trascender el fenómeno comercial los estrechos límites municipales. 16ª. El Consejo Económico y Social, sugiere un esfuerzo a las administraciones con nivel de corresponsabilidad, en la búsqueda de fórmulas para que los mecanismos de acceso a las prestaciones y programas de reinserción social se realicen con mayor celeridad. El Consejo apoyará la creación y urgente constitución de la Comisión Especial de la Pobreza y Marginación, como instrumento que contribuya a delimitar las necesidades de la población afectada y el fomento, entre la misma, de los programas específicos de sanidad, educación y empleo, con vocación esencialmente integradora y normalizadora. 17ª. En opinión del Consejo, el retraso que comparativamente padece Canarias en relación al resto del Estado en la oferta de escolarización, demanda la confección de un plan que establezca calendarios, líneas de trabajo y garantías financieras para asegurar la implantación completa del ciclo de escolarización y avanzar en la oferta de 0-3 años. 18ª. A propósito de la Formación Profesional, en opinión del Consejo, es fundamental avanzar en la planificación de los ciclos formativos y en la red de centros, vinculando la política de formación profesional a las necesidades derivadas de la economía canaria, evitando actuaciones discriminatorias en cuanto al acceso a determinados ciclos de formación, y propiciando que la formación profesional esté abierta a las necesidades futuras. 19ª. El Consejo sugiere la constitución de las comisiones evaluadoras y de seguimiento de la LOGSE en Canarias, con participación de las organizaciones democráticas. La financiación del sistema reclama una actuación más decidida a través de la política presupuestaria. Por último, es necesario articular un plan de información-formación sobre la LOGSE dirigido a los docentes. 20ª. Desde el Consejo Económico y Social se valora, especialmente, la necesidad de que se confeccione un Plan de Integración de Minusvalías que tenga en cuenta las adaptaciones curriculares y la proyección laboral de los ciudadanos afectados. Es importante avanzar en la formación de adultos. 21ª. En opinión del Consejo, el Gobierno de Canarias debería adoptar una política más decidida, dirigida al cumplimiento de los objetivos previstos en relación a la política de vivienda en nuestra Comunidad, garantizando, de esta manera, no solo la satisfacción de las demandas de vivienda, sino propiciando el desarrollo de la actividad económica que tal actividad comporta. Consecuentemente, debería trazarse una política de gestión del suelo ágil, rápida y con visión de futuro, al tiempo que demanda un tratamiento especial para el parque de viviendas sin ocupar, cifradas, en datos que aporta el PDCAN 1994-97, en mas de 30.000 Las Palmas de Gran Canaria, julio de 1994 |