La Comisión Europea aprobó el 21 de diciembre de 2006, las nuevas Directrices sobre ayudas de estado con finalidad regional, al amparo de las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. Estas nuevas Directrices se aplicarán de 2007 a 2013, período que coincide con el de la próxima programación de los fondos estructurales de la UE. Las Directrices establecen las reglas aplicables a la autorización de las ayudas estatales que fomentan el desarrollo de las regiones más desfavorecidas y comprenden ayudas como las subvenciones directas para la inversión o las reducciones fiscales para empresas. Las Directrices establecen las normas para identificar las regiones que pueden optar a las ayudas de estado y definen los niveles máximos permitidos de estas ayudas.

En lo que respecta a Canarias, por su condición de Región Ultraperiférica (RUP), se beneficiará del mayor nivel de ayudas a la inversión (artículo 87.3.a. del Tratado CE), ya que las RUP quedan equiparadas a las regiones europeas menos desarrolladas (con una renta per cápita inferior al 75% de la media comunitaria), con independencia de su nivel de renta, así como a las ayudas de funcionamiento. Respecto a estas últimas ayudas de funcionamiento, las Directrices establecen la posibilidad de conceder ayudas que no sean a la vez decrecientes y limitadas en el tiempo, para compensar los costes adicionales del transporte y del ejercicio de la actividad económica inherente a la ultraperificidad.

La entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2007, de las nuevas Directrices, forma parte del marco normativo en el que se deberá situar el futuro Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En líneas generales, las nuevas Directrices colocan a Canarias en una posición favorable para la prorroga de la autorización comunitaria del REF para el periodo 2007-2013, ya que el sistema de incentivos a la actividad económica del actual REF es, en principio, compatible con la normativa comunitaria, permitiendo tanto ayudas a la inversión como ayudas al funcionamiento. Sin embargo, es necesario realizar los ajustes necesarios para la plena adaptación del REF a las nuevas Directrices, sobre todo en lo relativo a la perfecta delimitación de las ayudas a la inversión de las ayudas al funcionamiento y de los requisitos existentes sobre los bienes de inversión adquiridos objeto de la ayuda.

En la estrategia de negociación elegida por las autoridades españolas y canarias se ha optado por la renovación de los incentivos del REF sin cambios estructurales sobre los instrumentos existentes. Las modificaciones incluidas en el documento presentado por las autoridades españolas y canarias en Bruselas tienen como objetivos adaptar el REF canario a las nuevas directrices de ayudas de Estado con finalidad regional y tratar de mejorar el funcionamiento y la eficacia de las medidas del antiguo REF. Entre las modificaciones que se proponen a Bruselas destacan las relacionadas con la dotación y materialización de la RIC y la ampliación del horizonte temporal de la ZEC. En esta propuesta, la RIC sigue considerándose un instrumento fundamental dentro del REF y se intenta mejorar su eficacia reforzando su condición de incentivo fiscal a la inversión, al introducirse medidas como la posibilidad de materializar sus fondos en entidades de la ZEC y la limitación a la inversión en suelo para viviendas protegidas, suelo industrial y zonas turísticas en declive. En cuanto a la ZEC, se propone ampliar su plazo hasta finales de 2013 para la inscripción de entidades, sin perjuicio de una prórroga posterior, y se permite que hasta finales del año 2019 las empresas puedan disfrutar de los beneficios.

En cuanto al proceso de aprobación del REF, la propuesta fue presentada el pasado 28 de febrero de forma conjunta por el ejecutivo español y canario e incorporaba las mejoras aprobadas el 22 de febrero por unanimidad en el Parlamento autonómico. La evaluación de Bruselas de esta propuesta de renovación de los incentivos del REF no estará lista hasta octubre o noviembre de este año, ya que según la Comisión, hasta esa fecha no estarán aprobados los mapas de ayudas regionales de los veinticinco estados miembros. Tras la preceptiva autorización por la Unión Europea, se iniciará el correspondiente procedimiento legislativo como en ocasiones anteriores.